Martes, 13 Septiembre, 2011 - 13:08

Consejo de la Magistratura
El poder político y los intereses
¿Quién verdaderamente manda en la provincia?

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El ministro de gobierno Juan Manuel Pedrini, a su vez miembro titular del Consejo de la Magistratura, aseguró que Moreschi no avaló la designación de los tres jueces cuestionados del Superior Tribunal cuando contestó la demanda de inconstitucionalidad que inició el fiscal especial Aguirre Hayes. Agregó que se mal interpretó a Moreschi. Esta respuesta fue inesperada y poco seria.

El ministro cuenta, desde principio de mes, con un análisis profundo y objetivo del contenido de la contestación que firmó Moreschi. El apoyo de Pedrini es incomprensible si tomamos en cuenta el evidente juicio de valor que expuso Moreschi cuando en las conclusiones de la contestación de la demanda sostuvo que el Consejo de Magistrados intervino de conformidad al régimen jurídico vigente cuando propusieran a los jueces Ávalos, Franco y Toledo, por lo cual los actos se encontrarían afianzados y produjeron los efectos jurídicos que se habían propuesto, que no ha sido otra cosa que los nombramientos de los tres jueces sin que rindieran concursos públicos de antecedentes y oposición.



El apoyo brindado por el ministro Pedrini solamente puede obedecer a un acuerdo político-institucional o a un acuerdo personal. En cualquiera de los dos casos, resulta evidente que acudió a la estrategia de minimizar un asunto de extraordinaria magnitud institucional, echando mano al increíble pretexto de que se mal interpreto la contestación de demanda firmada por el presidente del Consejo. La excusa que elaboró el ministro, además de ser prácticamente infantil, contradice las reglas básicas de cualquiera de los métodos o sistemas de interpretación que se aplica en el mundo jurídico. Se transita por el absurdo porque se trata de negar las normas mínimas que regulan los contenidos inexcusables de las contestaciones de demandas, que son el abc de los juicios.



LAS COINCIDENCIAS NO SON CASUALES

Intentando la aventura de calcular el sentido del futuro fallo que será dictado producto del juicio de inconstitucionalidad que inició Aguirre Hayes, la conclusión a la que arribó Moreschi viene como anillo al dedo a los intereses de los jueces inconstitucionales porque coincide conceptualmente, y casi en su literalidad, con los argumentos que desarrollaron Ávalos, Franco y Toledo cuando en junio de 2010 distribuyeron un documento que fue publicado por los medios de comunicación. Los jueces cuestionados dijeron que: “las designaciones tienen perfecto encuadramiento en la Constitución Provincial y en las leyes y procedimientos reglamentarios vigentes al momento de realizarse cada uno de ellas”. Es casi seguro que esta será la línea argumental que elijan los tres integrantes del Superior Tribunal para contestar la demanda de inconstitucionalidad porque tienen el camino allanado.



El documento distribuido por la oficina de prensa del máximo Tribunal de Chaco fue literalmente reproducido en la página 6 de la edición del domingo 13 de junio de 2010 en el matutino Primera Línea, a página completa, y fue titular de tapa como fuerte alegato de los jueces en defensa de sus designaciones. Esta publicación fue la más completa y la que más contribuye al debate actual, por lo que complementamos nuestra opinión con los archivos adjuntos que reproducen la publicación señalada. El aporte de Primera Línea es importante porque en el mundo jurídico las coincidencias no son casualidades; pero si sumamos los factores económicos, políticos e institucionales que están en juego, rápidamente podremos descubrir las estrategias que se han trazado y los resultados que están planeando, como también la sentencia que se va a dictar, lo que permite comprender que deberemos depositar nuestras esperanzas en la Corte Suprema Justicia de la Nación, como último tribunal neutral.



La pregunta del millón es la siguiente: ¿quién manda en la provincia del Chaco, tomándose en cuenta la posición que tomó el ministro Pedrini en la sesión del Consejo de la Magistratura del 5 de septiembre pasado, visto los claros fundamentos y lo dispuesto por el Decreto marco 2.831/09, que ordenó la iniciación de las acciones de inconstitucionalidad para lograr las destituciones de los jueces Ávalos, Franco y Toledo porque fueron propuestos y nombrados sin que rindieran concursos públicos de antecedentes y oposición, como método de selección contemplados en la Constitución de Chaco? El gobernador firmó dicho decreto y ordenó al ministro de gobierno que dispusiera e hiciera todo lo necesario para que se iniciaran y progresaran las acciones de inconstitucionalidad; sin embargo, no cumplen con las instrucciones del primer mandatario, lo que pone en evidencia debilidades estructurales en la conducción y en la acción de gobierno, con consecuencias institucionales inestimables.



(*)Coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela"