Viernes, 2 Septiembre, 2011 - 11:53

Juego clandestino: un negocio que mueve $ 1000 millones por año y permanece en el terreno contravencional

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Si bien existen iniciativas para que el juego ilegal sea juzgado como delito, en la actualidad los “operadores” y levantadores de quiniela son tratados como contraventores, lo que según el vocal de Lotería Chaqueña Miguel Aquino impone la necesidad de actuar con eficacia para que los procedimientos lleguen a buen término ante la Justicia. Hoy se realiza el primer curso en esta materia.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades de todo el país frente al negocio del juego clandestino es el “desvío” de los recursos que los organismos lúdicos oficiales orientan a la acción social y los “operadores”, en el mejor de los casos, a sus propios patrimonios. Además, el exceso en el juego puede conducir a situaciones patológicas en los apostadores: controlar su flujo y no inducir a la compulsión tiene incidencia en la salud pública.



“Para que la lucha contra el juego ilegal sea exitosa se requiere que las acciones llevadas a cabo se apoyen en procedimientos ajustados a derecho y que luego garanticen que todo el proceso culmine con éxito”, señaló Aquino. En este sentido en la Provincia del Chaco, el día 2 septiembre se realiza el “Primer curso sobre procedimiento contravencional en la lucha contra el juego ilegal”, con la finalidad de que todos los actores del proceso se formen adecuadamente para garantizar el éxito del accionar judicial.



“Si bien todas las provincias actúan fuertemente contra quienes explotan el juego clandestino, este accionar no es fácil, todo esto en virtud de que aquellos que realizan estas acciones se amparan en el hecho de que esta actividad ilegal aún se encuentra legislada como una contravención”, recordó en torno al negocio que actualmente mueve a nivel nacional unos $ 1000 millones de pesos por año.



En cuanto a los “quinieleros”, “operadores” o “levantadores”, según el funcionario no sólo perjudican al Estado al apropiarse de recursos que de otro modo se destinarían a la ayuda social, sino que “no cuentan con veneficios laborales de ninguna especie, con su consabido efecto sobre la economía en su conjunto y su propio futuro social”.



Aquino insistió en la importancia de no inducir a la comunidad a efectuar apuestas, pero explicó que en tanto éstas se produzcan, el Estado debe hacer que el ámbito para su ocurrencia sea seguro y que haya responsabilidad de control, seriedad y transparencia.