Martes, 30 Agosto, 2011 - 13:11

Acosta "desempolva" un derecho: que los agentes públicos retirados sean reemplazados por sus familiares

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El legislador provincial de la Concertación presentó una iniciativa que rescata lo previsto en el derogado Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial del año 1974: si el agente de la administración pública fallece o cesa por razones de salud, ocupará su lugar un integrante del grupo familiar que no tendrá que concursar el cargo.

En sus fundamentos, Raúl Acosta asegura que la iniciativa tiende a posibilitar el ingreso a la planta permanente de la Administración Pública Provincial, de un integrante del grupo familiar, del agente del Estado, que haya sido dado de baja por fallecimiento o que haya renunciado por razones de enfermedad, accidente, jubilación o retiro. Este derecho se dará cumplimentado las siguientes condiciones: que el familiar sea conviviente del agente; que sea quien deba subvenir al grupo familiar y que acredite idoneidad suficiente para el cargo a desempañar, a través de una prueba de suficiencia. Un derecho que estaba consagrado en leyes anteriores como la Ley 1549 – Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, hoy derogada.



La Ley 1549, sancionada el 31 de octubre de 1974, hoy instituido como Día del Empleado Público, por Ley 3106, en su artículo 8º rezaba:



ARTICULO 8º: Cuando un agente cesa por fallecimiento o deba renunciar a su cargo por razones de enfermedad, accidente o jubilación, siendo la única fuente de ingreso de su familia, deberá designarse dentro de un plazo máximo de treinta días de producido el hecho, a un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, o en su defecto a otro que tenga que subvenir al mantenimiento del grupo y que conviva en el núcleo familiar del agente de baja. Para estos casos, el ingreso se producirá sin la aplicación del Régimen de Concursos pertinente y siempre y cuando reúna los requisitos de admisión exigidos en el presente Estatuto.”



Esta norma derogada por la Ley “de facto” 2017, durante la última dictadura cívico militar en nuestro país, conculcó esto y otro muchos derechos de los trabajadores, ganados a través de la organización y la lucha.         



Este derecho, de sancionarse la iniciativa, será efectivo una vez que se hayan determinado la existencia de cargos vacantes y prevista presupuestaria la partida correspondiente para hacer frente a la erogación, dándose  intervención a las áreas de finanzas y programación presupuestaria y la dirección de personal o de recursos humanos que correspondieran, previo al dictado del instrumento legal.



Este legislador a recepcionado varios reclamos de ex agentes del Estado, dados de baja, por jubilación o retiro, y de hijos de estos que han fallecidos, bregando por el reconocimiento de este derecho, que fue derogado por la dictadura con el dictado de la Ley “de facto” 2017, que aún rige. Si bien la iniciativa no los incluye, se propicia reconocer el beneficio para el futuro.



Por otra parte este es un derecho que ya se viene aplicando en diversos organismos y jurisdicciones del Estado provincial, de manera discrecional y selectiva, no en forma general, inclusive en casos, en los que el agente beneficiado con la incorporación de un familiar, continúa prestando servicios en aquel.



Por los fundamentos expuestos, solicito su aprobación.