Lunes, 29 Agosto, 2011 - 12:40

Carlos Martínez insiste en que la "entrega de tierras al Proyecto Granja Tres Arroyos es inconstitucional"

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El diputado por Libres del Sur, Carlos Martínez, explicó por qué se opone a la adjudicación de hasta 400 hectáreas de tierras públicas a la empresa Granja Tres Arroyos. “Nuestra Constitución dice claramente que la tierra pública es para quien la trabaja, y determina que los beneficiarios son los pequeños productores”.

Carlos Martínez, que competirá por la gobernación de la provincia, indicó este lunes sobre el Proyecto de Ley del Ejecutivo relacionado con la entrega de hasta 400 hectáreas de tierras públicas a la empresa Granja Tres Arroyos para la instalación de un emprendimiento agroindustrial de esta firma entrerriana.



“En primer lugar queremos hablar de las certezas que tenemos con respecto a este tema” afirmó Martínez, “hay que separar claramente lo que es la radicación de una industria y la generación de puestos de trabajo que es algo que el Gobierno Provincial lo puede hacer porque cuenta con un régimen de promoción industrial establecido por Ley hace muchos años -que contempla beneficios, desgravaciones, y facilidades para que una empresa pueda radicarse en la provincia- y otra cosa muy distinta es el régimen de adjudicación de la Tierra Pública”.



El legislador explicó que “nuestra Constitución dice claramente que la tierra pública es para quien la trabaja, establece el procedimiento de adjudicación directa, determina que los beneficiarios son los pequeños productores, los pueblos originarios, las cooperativas y las entidades sin fines de lucro, esa es la regla”, y agregó que “si en la provincia del chaco todavía quedan 700 mil hectáreas, tal como lo ha dicho el contador Paris, prioritariamente tienen que ser adjudicadas a estas personas”.



Martínez remarcó que “el proyecto enviado por el Ejecutivo es netamente inconstitucional, porque si bien es cierto que la letra de la Constitución contempla un caso excepcional de entrega a sociedades mercantiles, es obligatorio crear un régimen legal previo con un nuevo órgano de aplicación para poder implementarlo”.



El diputado explicó, además, que “existen fuertes dudas que tienen que ver con que hace unos meses atrás hubo también una carta de intención firmada con representantes de grupos saudíes que pretendían invertir en la zona del impenetrable y el Gobierno en esa carta de intención le cedía a estos grupos en un supuesto comodato que no existe, 200 mil hectáreas de tierras; esto es en pequeña escala similar a esa situación, lo que significa que este proyecto puede ser además un caballo de Troya para la entrega solapada de tierra pública a entidades mercantiles contraviniendo la Carta Magna”.



“Los que estamos interesados en que haya fuentes de trabajo en el Chaco, en el desarrollo industrial con la pobreza que sigue habiendo, pretendemos avanzar hacia la solución de estos problemas pero en el marco de lo que establece la Constitución” finalizó.