Viernes, 26 Agosto, 2011 - 07:01

Conflicto e incidentes entre pequeños productores y piqueteros que reclaman la posesión del predio del Tiro Federal

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El jueves, ocho movimientos sociales realizaron una toma de 9 horas en los terrenos del Campo de Tiro, en avenida San Martín 3200 de Resistencia. Este hecho motivó la reacción y posterior denuncia de pequeños productores que también pretenden el predio. En medio del conflicto intervino Gobierno de la provincia y se pudo apaciguar el problema.

Los movimientos que procedieron a ocupar los terrenos fueron: Federacion de Organizaciones de Base (FOB) Regional Chaco, El dorado, MTL, MTR, MTD Hambre Cero, MTD Autoconvocados, MTD General San Martin, CUBA, MTD 12 de Junio. Desde estas agrupaciones expresan que vienen de una larga lucha, para la construccion de viviendas populares y las ocupaciones que derivaron su reacción, se produjeron luego de que el gobierno provincial firmara un acuerdo con lo que ello califican de "tenedores precarios" de la tierra.





La versión de los movilizados sociales indican que al igual que sus organizaciones un grupo de compañeros pertenecientes a otros grupos, algunos a “afines al gobierno hicieron una ocupación de tierras- por fuera de las mensuradas para la construcción de las viviendas”. Esto motivó que lo que ellos entienden como ocupación pacífica de los terrenos produjera la llegada de números efectivos policiales y de fuerzas especiales ya debido a que los primeros ocupantes realizaron la denuncia.



Los piqueteros pusieron nuevamente en el tapete su reclamo de tierras e hicieron responsable al gobierno de cualquier incidente por desalojo que se produzca por la ocupación de las tierras que no están dentro de un acuerdo firmado.





LA INTERVENCIÓN DE GOBIERNO PARA APACIGUAR EL CONFLICTO

Ante los violentos hechos Gobierno intervino y los ministros Juan Manuel Pedrini (Gobierno) y Eduardo Aguilar (Economía) recibieron en la noche del jueves a los referentes de los movimientos sociales que habrían intentado ocupar parte del predio del ex Campo de Tiro.



De esta manera se logró descomprimir la situación luego de varias horas de tensión a través de la mediación de Gobierno y los fiscales a cargo de la causa.



Según explicaron luego desde el Ejecutivo, la situación generada fue originada por movimientos sociales que no integran la Mesa de Gestión Periurbana y Rural del ex Campo de Tiro, suscripta la semana pasada por el gobernador Jorge Capitanich a fin de garantizar la regularización dominial de las tierras a las familias que viven en el predio hace 70 años.



Para ello, el Gobierno diseñó dos programas, uno urbano y otro rural, que se pondrá en funcionamiento. El programa destinado a la zona urbana contempla un ordenamiento territorial para infraestructura de servicios (electricidad, agua potable, cloacas). Además de aperturas de calles y la construcción de viviendas populares. Para la zona rural se propiciará la entrega del título junto a un programa productivo tendiente a aumentar la capacidad de ingreso de las familias rurales.



De esta manera se prevé generar las condiciones para el relevamiento, mensura y titularización de dominio de los bienes inmuebles, tanto rurales como urbanos, asociados al ex Campo de Tiro, ubicado en la zona sur de Resistencia, (Av. Quijano y ruta Nacional Nº 11), con una extensión cercana a las 3.950 hectáreas.



Desde hace 70 años las familias que vivían en el ex Campo de Tiro mantenían la ocupación en un predio que nunca estuvo en un proceso de regularización entre el Estado nacional y el provincial. Debido a la situación el Poder Ejecutivo del Chaco declaró su interés para la adquisición del predio. En consecuencia, el Ministerio de Defensa lo declaró inmueble innecesario y de esta forma lo expuso en un proceso sujeto a la venta, en base al cual la provincia lleva a cabo el mecanismo para la su adquisición.



Por otra parte, el convenio firmado establece que el gobierno provincial reconocerá mediante un decreto la representación institucional de la Mesa de Gestión Periurbana y Rural. Como tercera medida, el gobierno afrontará todos los gastos de mensura y técnicos que se generen por la firma del convenio.