Jueves, 25 Agosto, 2011 - 11:50

Consejo de la Magistratura
Un organismo en decadencia

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042

El órgano difundió que “en forma absolutamente objetiva” contestó la acción de inconstitucionalidad promovida por el fiscal especial Aguirre Hayes con el fin de declarar irregulares los nombramientos de tres jueces del STJ, lo que por añadidura provocaría su destitución si prosperara el juicio.


Se trata de los ministros Ramón Ávalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo.



En el comunicado se destacó que la contestación de demanda fue efectuada como un informe circunstanciado, o sea detallado, de los antecedentes en los que se apoyó el Consejo de la Magistratura para proponer los nombramientos de los tres jueces cuestionados. Y lo que resulta muy importante, es que el presidente Moreschi afirmó que no se abrieron juicios de valor sobre la procedencia o improcedencia de la referida acción de inconstitucionalidad, con lo que claramente perdió objetividad por defender lo indefendible.



EL CONSEJO SE INCLINÓ POR EL RECHAZO DE LA ACCIÓN



Una lectura objetiva de la contestación de la demanda de inconstitucionalidad firmada por Moreschi permitió descubrir que el Consejo de la Magistratura implícitamente se inclinó por la postura que sostiene que los jueces Ávalos, Franco y Toledo fueron correctamente propuestos por dicho organismo y designados de acuerdo al orden legal chaqueño. Veremos ahora que esa conclusión no ha sido  ecuánime, recta, ni justa. La historia fue así: Moreschi contestó la demanda en representación del Consejo de la Magistratura, refiriendo que actuaba de acuerdo a las instrucciones del Acta del 30 de mayo de este año; sin embargo, en tal instrumento no se instruyó al presidente sobre cómo debía contestar la acción, de manera de que no se establecieron pautas de contenido, lo cual constituye una notable irregularidad de la que participaron todos los consejeros. Cuando respondió la demanda, el presidente hizo referencia -en el capítulo III- a los antecedentes que correspondían a la propuesta relacionada con la designación del Dr. Toledo, a lo que siguió las que se vincularan con las propuestas de los Dres. Ávalos y Franco, en ese orden cronológico. La exposición consumió veintiocho de las veintinueves páginas de la contestación de demanda. Allí terminó el informe circunstanciado de los antecedentes que tomaran en cuenta para proponer los nombramientos de los jueces cuestionados. Sin embrago, la contestación siguió en el capítulo IV, en el cual Moreschi desarrolló la siguiente conclusión: “hasta aquí el relato circunstanciado de cada uno de los antecedentes que dieran origen a las propuestas aprobadas para cubrir las vacantes de jueces del Superior Tribunal en que interviniera este Cuerpo…Como corolario, los señores jueces deberán tener presente que la intervención que le cupiera al Cuerpo que represento, en sus distintas composiciones, lo fue en cada caso de conformidad al régimen jurídico vigente, motivo por el cual los actos emanados de este organismo constitucional se encontrarían consolidados y habrían podido producir los efectos jurídicos pretendidos”. En buen romance interesado, como en las tiendas de conveniencias, se introdujo en la contestación de la acción de inconstitucionalidad la teoría de los hechos consumados. El presidente sostuvo que las propuestas que el Consejo efectuara se transformaron en posibles actos afianzados por los nombramientos posteriores, a los que consideró como consecuencias legales irreversibles. Este juicio de valor es aberrante para el mundo jurídico porque los casos o situaciones de inconstitucionalidad son perpetuas; por lo tanto, son atacables en cualquier momento.



En definitiva, el comunicado de prensa del Consejo de la Magistratura pretende encubrir que el presidente abrió un extraordinario juicio de valor potencial, que habría sobrepasado las instrucciones que los consejeros dieran verbalmente y que no consignaron en el Acta 738. En cualquier caso, son notables las irregularidades cometidas nuevamente en el seno del Consejo, esta vez en una cuestión de notable interés social y de extrema gravedad institucional.



EL MINISTRO JUDIS



Judis representó al Poder Ejecutivo cuando acordaron encomendar al presidente del Consejo que contestara la acción de inconstitucionalidad. Las expresiones públicas de este ministro fueron conocidas el jueves. El poder ejecutivo fue contundente en el sentido de que instruyera a su representante para que el presidente del Consejo contestara la demanda detallando cronológicamente las designaciones, sin abrir juicios de valor, dejando en manos de los jueces sobre la procedencia o el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Esta postura es absolutamente inesperada y criticable  porque Judis debió sostener que la inconstitucionalidad debe prosperar dado que esta fue la posición asumida por el poder político cuando sancionó el decreto marco 2.871, que como instrumento vigente describió con absolutamente objetividad los fundamentos por los cuales fueron inconstitucionales los nombramientos de los jueces Ávalos, Franco y Toledo.



DE MAL EN PEOR



El Consejo de la Magistratura viene funcionando en decadencia. El ciclo actual se inscribe en un proceso de situaciones complejas, degradantes y degradadas, con repercusiones directas en la composición y en el funcionamiento el poder judicial. Objetivamente, se está transitando una etapa de máxima exposición del mal funcionamiento de este organismo, vital para el sistema republicano de gobierno. El tema en análisis pone al descubierto situaciones de extrema gravedad porque la presidencia se habría extralimitado en las instrucciones y en el mandato, mientras los consejeros también incumplieron, acabada y estrictamente, con los roles para lo que fueron nombrados. La permisividad posibilitó que cuando se contestó la acción de inconstitucionalidad el presidente del Consejo abriera un importante juicio de valor a favor de los nombramientos de los jueces cuestionados. En cualquier caso, quedaron en situación de ser destituidos, como presidente y consejeros, por las acciones y omisiones en que incurrieron. Claro que tampoco esto está contemplado en el ordenamiento legal, lo que  también constituye una grave irregularidad.



TAMBIÉN EL PODER EJECUTIVO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS



La legislatura provincial analiza el proyecto enviado por el poder ejecutivo para regular los nombramientos de los jueces del Superior Tribunal, más iniciativas presentadas por la Asociación de Magistrados y Consejo de Abogados de Resistencia, con lo cual van a continuar profundizando el extraordinario desaguisado que se acumuló por años en materia de designación de jueces, magistrados y funcionarios del poder judicial. Se repiten en cometer fallas sustanciales, contradiciendo las buenas pautas y prácticas en la tarea de reglamentar las cláusulas constitucionales. No se animan o no quieren superar la tremenda anarquía legal existente en este tema, que ha permitido el funcionamiento -más que discrecional- del Consejo del Magistratura, seguido de nombramientos y juzgamientos amañados. Todavía no entienden o no quieren reglamentar, a través de una sola ley marco, la carrera judicial que está prevista en el último párrafo del artículo 158 de la Constitución chaqueña. En esa única ley, que los poderes del estado adeudan a la población, se deben contemplar los nombramientos de todos lo jueces, incluidos los del Superior Tribunal, magistrados, funcionarios y empleados de la justicia, a través de concursos públicos de antecedentes y oposición, con exámenes que se rindan a través de factores objetivos que acrediten la mayor idoneidad de los aspirantes, respetándose la igualdad de oportunidades. Sin embrago, todo indica que continuarán en la tarea de despedazar la Constitución, segmentándola hasta el cansancio con el pretexto de  su reglamentación. La degradación institucional es compleja y creciente; y parece que por ahora no se intentará revertirla.



 


Fuente: 
(*) Titular de la fundación Nelson Mandela.