Martes, 23 Agosto, 2011 - 15:42

Reparación patrimonial para víctimas de la represión y de las dictaduras: habilitaron registro de beneficiarios en el Chaco

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Se trata de la implementación de la Ley Dovena, que establece un resarcimiento histórico y comprende una reparación patrimonial para las personas que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sufrido detención, lesiones graves o hayan muerto durante el cautiverio.


El gobierno provincial, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social implementará la Ley Dovena por lo cual se habilitó el registro para los beneficiarios. El objetivo es brindar una reparación a las víctimas de la represión y de las dictaduras en el país desde 1955. 



En anuncio lo realizaron el subsecretario de Derechos Humanos, José Valenzuela, el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Hugo Barúa; el titular de la Comisión de Familiares desaparecidos, Aníbal Ponti y al asesor legal de la subsecretaria de Derechos Humanos, Sergio Quiroz. 



Según indicaron “la llamada ley Dovena (Nº 26.564) tiene como anhelo mantener viva la memoria, reparando hechos del pasado reciente” graficó Valenzuela.

 

Al respecto precisaron que la implementación de las llamadas leyes de reparación significa la responsabilidad asumida por un estado democrático que no olvida su pasado moral para las víctimas de la represión ilegal. “Se apuesta a la memoria colectiva”, aseguró.

 

El registro habilitado en oficinas de la Subsecretaria de Derechos Humanos, avenida Rivadavia 322 de Resistencia, se elabora en forma conjunta con integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM). Los integrantes de la CPM quienes recorrerán toda la provincia con la intención de cubrir el territorio para que ningún chaqueño que esté contemplado dentro de esta ley reparatoria quede afuera. 



LA LEY DOVENA 



En la ley 26564, conocida como Ley Dovena, se incluyen los beneficios establecidos por la leyes 24.043 y 24411. Beneficia a aquellas personas que entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 fueron detenidas o resultaron víctimas de desaparición forzada; también para aquellas víctimas del accionar de los rebeldes en los levantamientos del 16 de junio y 16 de septiembre de 1955- incluidos los militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza-; a las personas que durante ese período (55 al 83) fueron procesados, detenidos, condenados y/o puestos a disposición de la Justicia por los Consejos de Guerra, conforme al Decreto 4161/55 o el Plan Conintes y/o leyes 20840 y para los detenidos que por razones políticas fueron puestas a disposición de juzgados federales o provinciales, o sometidos a cualquier otro régimen de detención de carácter político.