Martes, 23 Agosto, 2011 - 15:21

Ratifican la continuidad de los pedidos de inconstitucionalidad en la designación de tres miembros del STJ

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Funcionarios del gobierno provincial ratificaron este viernes, la continuidad de la demanda judicial en la que, a través del fiscal de Estado ad hoc Edgardo Aguirre Hayes, plantearon el pedido de inconstitucionalidad en la designación de jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, por considerar que no se sometieron a concurso de antecedentes y oposición, como –según sostienen- lo estipula la Constitución Provincial.


“El gobierno provincial ha tenido siempre una postura determinante sobre el tema. En primer lugar, a través de un decreto firmado por el gobernador Jorge Capitanich y los ministros de su gabinete, se dio atribuciones y representatividad a Edgardo Aguirre Hayes para el planteamiento de inconstitucionalidad de los nombramientos de jueces”, recordó el ministro de Infraestructura, Omar Judis quien además es integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo. 



En julio de 2010, Aguirre Hayes, quien fue designado por el gobierno, presentó los escritos de inconstitucionalidad sobre las designaciones de jueces del máximo órgano de justicia provincial. La acción abarca a los jueces Ricardo Franco, Ramón Ávalos y Rolando Toledo. 



Sostuvieron que “la presentación se realizó contra leyes y actas del Consejo de la Magistratura que acreditaron las designaciones de los tres jueces sin pasar por concurso de antecedentes y oposición, tal como lo estipula el artículo 167 de la Constitución provincial”.

 

En ese contexto, en una reunión de trabajo realizada hoy entre el asesor Legal del Gobierno, Miguel Garrido; el fiscal de Estado ad hoc, Edgardo Aguirre Hayes; y los ministros integrantes del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Pedrini y Omar Judis, se ratificó “la continuidad del proceso iniciado que busca el total cumplimiento de la constitución provincial”, destacó el titular de Infraestructura. 



Como integrante del Consejo de la Magistratura, Judis detalló que cuando ingresó el pedido de informes sobre las designaciones de los jueces, “se dieron instrucciones claras al señor presidente del cuerpo –Miguel Moreschi-, de que haga un relato de los hechos y sobre cómo ocurrieron las designaciones de tales jueces”, resaltó. 



Tanto los representantes de los Colegios, como de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo confeccionaron la acordada, de manera tal de que Moreschi relate detalladamente todos los eventos y hechos que han ocasionado el nombramiento de los jueces, pero sólo eso y no una explicación jurídica. 



En ese contexto, resaltó que “cualquier otra opinión que haya vertido el presidente corre por cuenta de él, pero bajo ningún punto de vista responde a las concesiones y acordadas que hemos realizado todos los miembros del Consejo”. 



Por su parte, el fiscal de estado ad hoc, dijo estar “sorprendido” al recibir el contenido de lo confeccionado por el presidente del Consejo de la Magistratura ya que en él se invoca, por instrucciones del Cuerpo, que las tres designaciones fueron realizadas de acuerdo a los regimenes jurídicos vigentes en cada oportunidad. 



Aguirre Hayes detalló que Moreschi, al contestar en ese sentido, tomó atribuciones por las cuales jamás había recibido instrucciones, violando el instructivo del Cuerpo. “Él hace un párrafo que destruye todo lo antes escrito, porque opina jurídicamente sobre las designaciones, hecho por que jamás debió realizar”, aseguró el fiscal ad hoc. 



Como paso siguiente, Aguirre Hayes informó que ya realizó “un pedido de informe que será respondido en forma oficial. En base a eso, se actuará procesalmente en los ámbitos que correspondan”. En ese contexto resaltó que la “posición del Ejecutivo provincial se ajusta estrictamente a derecho. Porque esto tiende a que todas las designaciones del STJ, sin importar que gobierno esté a cargo, se realicen de acuerdo a lo que rige la Constitución Provincial”. 



“No es posible de que existiendo tal mandamiento constitucional, algunos gobiernos designaron a los jueces del STJ a la persona más cercana y afín y no al más apto e idónea, cuando la Constitución provincial, claramente establece dicha norma”, finalizó Aguirre Hayes.