Jueves, 18 Agosto, 2011 - 10:12

Colonia Ñandubay
El Procurador Canteros explicó la situación de las tierras

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042

En relación al cuestionamiento que hizo el Ejecutivo a la actuación del fiscal de investigación, Hugo Baigorri de Charata, el Procurador General Jorge Omar Canteros se expidió sobre el tema, haciendo una cronología de los hechos y revalidó la decisión judicial.


Canteros, explica que “el lote fiscal en cuestión es la parcela 8, subdivisión del lote 164 de la Colonia Ñandubay, que tiene una extensión de aproximadamente 30 hectáreas. Esas tierras fueron adjudicadas por el Instituto de Colonización el 18 de abril de 1988 a Ambrosio Isidoro Cantero”.

El Procurador, continúa su explicación hincando que este adjudicatario vendió los terrenos a Hugo Arsenio Montenegro mediante convenio de cesión, celebrado ante escribano público el 2 de agosto de 1995, en la suma de 20 mil dólares, comprometiéndose a entregar al cesionario un poder especial de escrituración al finalizar el pago de las cuotas.



El 24 de septiembre de 2010, Montenegro denuncia ante la prevención policial, la usurpación del lote en cuestión por parte de Hilda Gómez y su grupo familiar, y ante dicha denuncia y luego de las constataciones e intimaciones pertinentes, el fiscal de investigación Baigorri solicita a la jueza de garantías, Andrea Sánchez la orden de allanamiento y desalojo del inmueble para volver las cosas a su estado anterior, tal como lo indica el Código Procesal Penal en vigencia.



Ante presentaciones de la defensa técnica de la imputada, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la provincia, que resolvió la nulidad de una decisión de la jueza de garantías y retrotraer el estado procesal de las actuaciones disponiendo el desalojo del inmueble.

Ante dicha decisión de un tribunal superior, el fiscal Baigorri nuevamente solicitó la orden de allanamiento y desalojo y la pertinente comunicación al Instituto de Colonización.



Canteros finaliza el informe, describiendo que, el 8 de agosto pasado, la jueza de garantías dispuso nuevamente el allanamiento y desalojo del inmueble para su restitución al tenedor.

Estando en conocimiento en todo momento el organismo que tiene a su cargo el manejo de la tierra pública de la provincia, y ante la eventualidad de una tenencia o posesión irregular por parte del denunciante, el Instituto de Colonización debió asumir intervención ante la fiscalía interviniente y dictar la rescisión contractual en caso de contar con elementos para ello, pudiendo incluso adjudicar nuevamente la tierra a la o las personas que se encuentren en condiciones de ser legítimos adjudicatarios.