Sábado, 13 Agosto, 2011 - 20:06

Judiciales advierten sobre el amparo presentado por jueces

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Desde el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH), indicaron que “no es positivo” que la cuestión salarial sea manejada exclusivamente por el Poder Judicial. Lo sostiene después que un grupo de jueces presentara un amparo pidiendo la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 154 de la Constitución de la Provincial.

Graciela Aranda, secretaria general del Sindicato dijo que “es cierto que la independencia del Poder Judicial se reflejaría si el mismo poder tiene el manejo de los fondos para el salario del sector, pero lamentablemente debemos rememorar los antecedentes”.



Recordó entonces que “gracias a la lucha de los trabajadores en el año 1983, se logró la Ley 2895, régimen salarial con enganche nacional del sector judicial que fue diseñado justamente para que no se perjudiquen los Magistrados del Chaco y tampoco los empleados”.



Esa ley fijaba automáticamente los salarios del sector Judicial del Chaco en base al aumento que tenía el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ese aumento se debía trasladar automáticamente al Juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sobre el 100% de lo que percibía el Juez del Superior del Chaco debía trasladarse al resto del personal judicial de acuerdo a los coeficientes porcentuales de cada cargo.



Aranda dijo que es “una ley equitativa y distributiva, pero a ese enganche nacional lo perdimos justamente por las consecutivas violaciones al régimen salarial, por parte del Superior Tribunal de Justicia cuando en el año 1985, como en el año 1991, desvirtuando el sistema de proporcionalidad y porcentualidad, dictaron acordadas como la 1964/85 y Resolución 858/91, que derivo en juicios contra el Estado Provincial”.



La dirigente del sindicato judicial lamentó además que “aún en la actualidad continúan los juicios luego de 20 años de litigio y a pesar de contar con sentencias a favor de los trabajadores, se sigue dilatando su cumplimiento con apelaciones, oposiciones y distintas maniobras con la única intención de no pagar a los trabajadores lo que les corresponde”.



Agregó que “como consecuencia de todas estas irresponsabilidades de no querer cumplir con una ley que beneficiaba a los Magistrados y también a los trabajadores surgió la Ley 3755 del año 1992, que establece que las “escalas de remuneraciones básicas y adicionales de las autoridades superiores de todos los cargos de las diferentes categorías de Personal, cualquiera sea su denominación, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, como los organismos Autárquicos y descentralizados, sólo podrán ser modificado o aprobado por Ley”.



Al final, la dirigente subrayó que “intangibilidad, según el Diccionario de la Real Academia Española, es lo que no debe, ni puede tocarse” y expresó que “los salarios de los trabajadores, tampoco se deben ni pueden tocar, precisamente por eso debemos recordar que está en vigencia la Ley 2895, a nivel provincial, es la que defendemos y defenderemos; la realidad y los hechos nos han demostrado que debería estar vigente el régimen porcentual de retribuciones con enganche nacional, si no fuera por las reiteradas violaciones de la que los trabajadores no son responsables, precisamente”.