Lunes, 8 Agosto, 2011 - 16:25

Colonización: "El intento de desalojo en Hermoso Campo fue inconstitucional"

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042

El presidente del Instituto de Colonización, Raúl Paris brindó detalles de las irregularidades que consideran se produjeron en el intento de desalojo ocurrido la semana pasada en Hermoso Campo y ratificó la postura del Gobierno provincial al respecto.

En este sentido París sseguró que “los fiscales y la jueza, que ordenaron la acción, se excedieron en sus facultades y se violó de la división de poderes”. Garantizó realizar todas las acciones necesarias para detectar la responsabilidad de los funcionarios judiciales actuantes. 



“Han violentado gravemente prescripciones constitucionales que consagran la división de poderes, avasallando normativas que le son exclusiva y excluyentes del Poder Ejecutivo Provincial”, explicó Paris. Aclaró que la Ley 2913, es la encargada de regular lo relativo a administración y gestión de tierras públicas en el Chaco y que en su artículo 61 señala que es el Instituto de Colonización el órgano exclusivo de aplicación. “Por lo tanto es el único organismo que puede otorgar derechos sobre predios fiscales, a través de los institutos jurídicos que la legislación prevé, adjudicaciones en venta, arrendamientos, títulos de propiedad, entre otras cosas”, señaló.

Además el funcionario consideró que toda la instrucción e investigación procesal llevada a cabo por el fiscal actuante fue realizada a través de procedimientos violatorios, “no sólo de la Ley de Tierras de la provincia, sino también del principio constitucional del debido proceso”. 



Explicó así que la orden de desalojo afecta al Instituto de Colonización al poner en posesión de un bien, perteneciente a la provincia, a una persona a quien se le había rechazado el pedido, en desmedro de otra persona que también había presentado solicitud para ocupar la tierra. “Estos aspectos debieron tenerse en cuenta antes de disponerse cualquier decisión de desalojar el predio, ya que la medida cautelar es una facultad y no obligación del Juez Penal, quien debió valorar las normas en juego antes de tomar tal extrema decisión”, analizó Paris y repudió además, en nombre del gobierno provincial, estas prácticas que de atropellos institucionales. 



Aseguró que se implementará todo el andamiaje jurídico y medidas jurisdiccionales que deban efectuar en férrea defensa del patrimonio estatal. “Estamos en contra de los desalojos compulsivos de familias rurales”, manifestó y garantizó que se van a promover todas las acciones y presentaciones judiciales pertinentes para determinar la responsabilidad de los funcionarios judiciales actuantes.

 

DETALLES DE LAS IRREGULARIDADES

 

Paris relató que la orden de desalojo, basada en una denuncia, se realizó sin solicitar expresamente los expedientes administrativos obrantes en organismo que preside, en donde se canalizaron todas las pretensiones del inmueble. Aclaró que, si bien es cierto que existió una presentación del denunciante ante Colonización en 2000, jamás el Instituto le reconoció ninguna entidad de poseedor, tenedor o titular del predio bajo análisis.

Resaltó que, según pedido del Fiscal y con autorización de la Jueza de Garantías de Charata, se realizó un allanamiento al predio fiscal sin haber realizado previamente el pedido formal de datos de constatación del inmueble al Instituto. “Es un llamativo desconocimiento de la Ley de Tierras por parte del fiscal”, aseguró. 



Además recordó que el fiscal, a través de un decreto, ordenó la restitución de inmueble al denunciante, lo que configuró una vez más violación de las prescripciones que consagran la división de Poderes establecidos por la Constitución del Chaco. Detalló que se arrogó facultades propias del Poder Ejecutivo al disponer de bienes públicos del estado provincial a un particular en forma arbitraria y sin tener perfectamente acreditada la titularidad del predio fiscal. “Es aquí en donde también se manifiesta el atropello jurisdiccional ya que a la fecha de promoción aún no había tenido la contestación del Colonización”, señaló y resaltó que de igual forma actuó la Juez en Garantía, a través de una medida cautelar. 



“Cabe preguntarnos, porque el Fiscal no reiteró el requerimiento del oficio al Instituto de Colonización, para constatar fehacientemente la titularidad del predio”, consideró. En ese sentido señaló que, no obstante las presentaciones posteriores en donde Colonización notifica que el predio es del Estado chaqueño y que el denunciante jamás fue reconocido como titular, persistieron seguir llevando adelante el operativo de desalojo, proceso que se intentó materializar entre el 1 y el 5 de agosto pasado, “en abierta violación a la Ley de Tierras y al principio del debido proceso, resultando a todas luces inconstitucional”. 



Es por ello que en 5 de agosto pasado el Gobierno, a través del Instituto de Colonización, presentó una medida cautelar de suspensión de la medida y del desalojo. Paris anticipó que además se peticionará por la nulidad de la decisión.