Sábado, 6 Agosto, 2011 - 09:42

Polémica por la distribución de publicidad electoral
La Justicia falló contra el Gobierno nacional y ordenó medidas para controlar el reparto entre partidos

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La Cámara Nacional Electoral consideró que hubo irregularidades por parte de Gobierno en el reparto de espacios publicitarios para que los partidos hagan campaña. Hizo lugar así a un recurso de la agrupación que lidera el candidato a gobernador bonaerense Francisco de Narváez.

Ayer, la Cámara consideró acreditado que hubo irregularidades y ordenó que la Dirección Nacional Electoral (DINE) compensara "de manera urgente" los espacios publicitarios que "se vio impedida de utilizar" la Unión para el Desarrollo Social (Udeso) en los canales de televisión abierta de la Capital Federal. El tribunal afirmó que sus auditores habían detectado que, sobre un total de 774 módulos asignados a esta fuerza, sólo 124 figuraban en los registros como utilizados.



Además, estableció nuevas herramientas de control para que los partidos puedan fiscalizar el reparto de los segundos en radio y televisión. Dispuso, por ejemplo, que el Gobierno deberá entregar a las agrupaciones el software que usa para la asignación de los espacios.



También le ordenó a la DINE, que dirige Alejandro Tullio, que mejorara el sistema de notificaciones y que, en adelante, fundara debidamente sus eventuales modificaciones a los espacios sorteados.



No sólo De Narváez cuestionó el nuevo régimen de publicidad electoral. Las principales fuerzas de la oposición criticaron la distribución, que este año se hace por primera vez, y objetaron que estuviera a cargo del Ministerio del Interior.



En su acordada de ayer, los camaristas Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via advirtieron que "más allá de lo conveniente o no que pueda resultar encomendarle el reparto a un órgano político, no es dudoso que esta circunstancia impone fortalecer la transparencia en el reparto".



En cuanto a la UDESO, la Cámara dio por corroboradas casi todas sus denuncias. Entre ellas, que el Gobierno le dio tarde las claves para acceder a los espacios y que le entregó teléfonos y direcciones inexactas de los medios donde debían pautar.



No obstante, rechazó el pedido de que se suspendiera la aplicación del nuevo sistema (que no permite que los partidos adquieran espacios en radio y TV) y se liberara la contratación. "Asiste razón al representante del Estado nacional en cuanto afirma que existe una desproporción entre lo alegado y lo solicitado por el apelante", afirmó la Cámara.



El tribunal explicó que todo sistema de financiamiento público busca cubrir dos "exigencias": que los partidos estén "protegidos frente a las presiones corporativas que podrían derivarse de su dependencia financiera" y que se garantice "el principio de igualdad de oportunidades" de todas las fuerzas.



"Estas exigencias imponen -dijeron los jueces- que la distribución y asignación estatal de los espacios de publicidad electoral deba ser eficazmente controlada a través de los mecanismos de fiscalización y transparencia." Con este argumento, se declararon competentes -en contra de lo que pretendía el Gobierno- para tomar el caso.



Fuente: La Nación