Viernes, 5 Agosto, 2011 - 17:26

El STJ respaldó el accionar del fiscal que solicitó el desalojo rechazado por el Ejecutivo

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Luego de un análisis de los antecedentes de la causa, el Superior Tribunal de Justicia concluyó que el fiscal Hugo Baigorri “se desempeñó correctamente”. Además aclaró que el delito de usurpación es de acción pública, sin importar quién sea el dueño del inmueble y denunció “demoras injustificadas del Instituto de Colonización”.



En un informe en el que se argumenta la aprobación al accionar del fiscal, el STJ explica: “el mencionado funcionario Judicial contó con distintos instrumentos ofrecidos como prueba que sustentaron su decisión de solicitar el desalojo de los terrenos. En primer lugar el contrato de compra-venta, fechado el 8 de marzo de 1985, por el cual el Instituto de Colonización entregó el título provisorio 9989/85 a A.I.C. del inmueble de 29 hectáreas emplazado en la parcela 9 del Lote 164 de Colonia El Ñandubay del departamento Santa María de Oro. En segundo término el convenio por el que el mencionado cedió la propiedad a H.A.M el 2 de agosto de 1995. En tercer lugar los recibos de recaudación de la Gerencia de Administración del Instituto de Colonización que certifican los pagos realizados por A.I.C en concepto de operaciones agrícolas (1985), mensura (1986) y otros. Por último la presentación del denunciante ante esta misma dependencia del Poder Ejecutivo en fecha 20 de diciembre del 2000 informando la concreción de la operación de compra-venta, sin objeción alguna por parte del Instituto”.



Por otra parte detallan que “el accionar del Fiscal de Investigación se vio respaldado por el Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional cuando, en su dictamen, al contestar el recurso de apelación interpuesto por Baigorri, aseguró: “en las actuaciones se han cumplimentado los requisitos previos exigidos por nuestro código adjetivo provincial, esto es la declaración de imputado a H.G. … por el delito de usurpación previsto en el artículo 181 inciso 1º del Código Penal; intimación a la que arriba el señor director del proceso luego de analizar y valorar correctamente las pruebas de cargo” contra la imputada.



Y de esta manera el STJ finalmente concluye: “Es por todo ello que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que la medida de desalojo solicitada por el Fiscal de Investigación era adecuada, porque cumplía con todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal para ejecutar esa medida; y que el recurso empleado por la defensa para intentar modificarla era incorrecta y de hacerse lugar provocaría una abierta violación al debido proceso”.



Por otra parte el STJ consigna que Baigorri, además, antes de solicitar la restitución del inmueble tomó las declaraciones de rigor al denunciante, la imputada y tres testigos. De los dichos de estos últimos se desprende que H.G había ocupado anteriormente el terreno, junto a sus hijos menores, durante “dos o tres años”; y que luego “a fines del mes de septiembre de 2010 nuevamente, en forma imprevista en horarios de la noche, ingresa por un portón de alambres que en ese momento se encontraba abierto”.



En un primer momento la mujer levantó una carpa a modo de vivienda, pero luego de unos días contrató un albañil que se ocupó de construir una pieza de material, impidiendo además que el denunciante cosechara los frutos de su siembra.



Además el STJ explica que la acción penal para perseguir y evitar las consecuencias del delito de usurpación, es de naturaleza pública, y la ejerce el Ministerio Público Acusatorio, así como para la comisión de dicho delito, es indiferente quien sea el propietario del inmueble usurpado, siempre que sea otra persona distinta al imputado. “En este proceso judicial, la única persona que se presentó alegando derechos sobre el inmueble involucrado es el particular cuyas iniciales anteriormente se indicaron”, precisaron.



Demoras injustificadas desde el Instituto de Colonización



“Por otra parte es de destacar que el Instituto de Colonización demoró tres meses en responder al pedido de informe realizado por el fiscal Baigorri el 19 de noviembre de 2010. Allí el funcionario judicial solicitaba “con carácter de urgente… remitir fotocopia certificada del legajo respecto del inmueble… por resultar de interés en la causa de referencia”, señala el STJ.



El informe no solo llegó cuando ya estaba en plena ejecución el pedido de desalojo de la imputada; sino que su contenido resultó insuficiente, precisaron, porque no se determinaba si la decisión adoptada por el señor Gobernador se encontraba firme, como tampoco si existía alguna acción judicial por parte del denunciante intentando revertir la decisión del Poder Ejecutivo.



Además agregaron que el Instituto de Colonización “no solo demoró tres meses en contestar, los cuales eran esenciales para aportar datos necesarios a la Justicia, tal como es su obligación legal; sino que tampoco se interesó en que el Estado se presentara como parte, para acreditar su legítimo interés y demostrar en juicio que el denunciante no tenía derecho a reclamo, interponiendo para ello los recursos ante los tribunales de Alzada para intentar modificar, lo que así considera y no a través de declaraciones mediáticas, que producen el lógico malestar de los magistrados y funcionarios judiciales”.



Aún así, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal aconsejó al señor fiscal de investigación que ponga en conocimiento del hecho aquí investigado al Instituto de Colonización, por cuanto existirían actuaciones administrativas tendientes a regularizar la tenencia definitiva del inmueble; recomendación que fuera ejecutada de inmediato por el funcionario judicial.