Martes, 2 Agosto, 2011 - 09:44

Opinión de nuestros lectores
Ante una sostenida diatriba

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Afirmar que el Instituto de Colonización es responsable de la parálisis del sector forestal es una confesión de la violación sistemática y sostenida de las leyes, y ausencia cómplice del estado durante décadas.

 Y también un reconocimiento que hoy, al menos en éste organismo esto se ha terminado. Pero vale la aclaración que tal imputación es una grosera falacia aviesamente expresada por quienes fueron usufructuarios irresponsables de la ilegalidad.



Porque lo estrictamente cierto e innegable es que la actividad forestal construyó ésta parálisis hace cien años, o más, desde que la explotación irracional arrasó criminalmente con nuestro recurso, sin ley ni para éste ni para los trabajadores; y sin absolutamente ninguna previsión de manejo sustentable para su conservación a perpetuidad. Todos, desde La Forestal hasta nuestros días han talado con fruición como si fuesen los últimos usufructuarios de este vital recurso.



La voracidad, el egoísmo y el estado ausente han sido la norma que viene llevando a esta mal llamada parálisis, que no es otra cosa que el principio de una crisis racionalmente previsible y evitable, como consecuencia de esas prácticas por cuya continuidad desaforada se reclama de igual modo.



Y así estamos; los bosques, los pequeños productores y los obreros del monte: Los primeros diezmados, arrasados; los segundos empobrecidos como hace cien años, y los últimos muertos a temprana edad por la criminal explotación a niveles de esclavitud.



Quizás este tren bala de la ilegalidad en la que se desarrollaba la fiesta depredadora de las tierras fiscales y sus bosques, en el Instituto de Colonización se ha detenido muy bruscamente. Y la inercia produce la rotura de algunas copas y otras desestabilizaciones que llevan a la pérdida del equilibrio. Pero la Constitución y las leyes se respetan, y no un poco, o de a poco. Por lo tanto no es posible desacelerar lentamente, lo que significaría ir violándolas menos.



Ciertamente el Instituto de Colonización ha tomado medidas concretas para que las consecuencias del encausamiento en la ley no perjudique a quienes fueron víctimas del tren bala de la corrupción pasada que arrasó con todos sus derechos, esto es, los pequeños productores. Pero falta, y mucho. Falta que de una bendita vez todos, empresarios y funcionarios, comprendamos que la responsabilidad del estado no se agota en responder a las presiones de algunos sectores, satisfacer sus demandas, y olvidar a los demás sin contemplar las suyas en el mismo campo.



Comprender que los pequeños productores y los obreros del monte, que no tienen voz, y que jamás se han sentado ni a la Mesa Forestal ni a ninguna mesa en defensa de sus derechos, también los tienen. Y que el estado, mal que a los intereses de algunos pese, es el principal responsable de salvaguardar esos derechos. Y que éste es un gobierno que por historia y compromiso no elude esa responsabilidad. Falta, en atención a ello, que tanto el Ministerio de la Producción y la Dirección de Bosques también respeten la ley y la Constitución y dejen se ser funcionales a los intereses de pocos bajo pantallas de principios productivistas y controles justificadores de mayores permisividades.



Desde el Instituto de Colonización, firme y seriamente, y lejos de abogar por su extinción, parálisis, o poner palos en la rueda como se falsea, estamos dispuestos a no ser los continuadores y profundizadores de ésta lejana crisis cuyos orígenes pretenden ser ignorados por nuestros detractores. Al contrario queremos plantar un mojón en esta historia de mentiras, desatinos, y complicidades.



Queremos que de una vez por todas se garantice la explotación racional; la preservación a perpetuidad, y la distribución equitativa de la renta. Porque si por esto hubiesen elevado sus voces los que hoy gritan solo por lo suyo; y si por esto el estado no hubiera cedido sistemáticamente a favor de pocos, hoy la actividad forestal no estaría reducida a lo poco que aún existe en los predios fiscales, y que se pretende devorar.



Los señores que acusan aviesamente a Colonización de obstruccionismo jamás se enteraron que la Constitución Provincial en su artículo 38 dice: “Es deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente: 1°. La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y su manejo a perpetuidad.”



Menos que el art. 39 ordena: “La actividad económica de la Provincia está al servicio del hombre. El Estado promoverá la iniciativa privada y la armonizará con los derechos de la comunidad, sobre la base de la distribución equitativa de la riqueza y de la solidaridad social. A lo que en el art. 41 agrega “El aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales de dominio público está sujeto al interés general y a la preservación ambiental.



Llegando la ignorancia del mandato a su cenit en lo que respecta al contenido del art. 44: “El bosque será protegido con el fin de asegurar su explotación racional y lograr su correcto aprovechamiento socioeconómico integral. El Estado Provincial promoverá la conservación y mejora de las especies con reposición obligatoria mediante forestación y reforestación”





Esto no es letra muerta señores empresarios y señores funcionarios de otros organismos competentes. Esta es la base jurídica que sabiamente nos obliga para el bien de todos, incluidos los que no ven más allá de sus bolsillos y que hoy atacan con sorprendente malicia y necedad.



¿Quién puede explicarle a la sociedad toda qué grado de cumplimiento se dio a cada una de éstas obligaciones de todos? Ni los funcionarios funcionales ni los empresarios cómplices tienen respuestas honestas a este interrogante. Solo excusas y diatribas.



¿Dónde están la protección, conservación, recuperación y el manejo a perpetuidad? En el olvido, porque los de tierras privadas han sido arrasados con el peor de los criterios: la desenfrenada voracidad. Entonces, los únicos montes que quedan, según confirman los actores reclamantes, son algunos pocos fiscales aun preservados de la garra depredadora. Pues a ellos pretenden seguir hincando sus fauces, con presiones, difamaciones y desvergüenza.



¿Dónde quedó la distribución equitativa de la riqueza y la solidaridad social? En la pobreza de los pequeños productores explotados; en el trabajo esclavo de los obreros del monte, y la enorme acumulación en dos eslabones de la cadena. Que son los que no tienen límites ni están dispuestos a compartir con los que dejan la vida en el monte, y para ello no trepidan en instar y obligar a los funcionarios a que violemos las leyes, nuestras conciencias y el compromiso con la sociedad.



¿Dónde está el aprovechamiento racional sujeto al interés general y a la preservación del medio ambiente? En el bolsillo de los menos, para los que hay un solo interés: el propio, y para los que el medio ambiente es un frivolidad ridícula de fantasiosos ecologistas.



Y finalmente ¿Dónde cornos está la reposición obligatoria mediante forestación y reforestación? En carteles oxidados, en el humo de quemazones como señales de agotamiento de cobro de subsidios, en el negocio de algunos almácigos y la desfachatez de no poner ni un solo peso para retroalimentar el recurso de sus propias empresas.



Cero. Cero cumplimiento, porque desde el propio estado, una sucesión interminable de ceros a la izquierda del interés general actuaron en su perjuicio porque históricamente se sumaron a la derecha de la coma del interés particular de las minorías explotadoras y expoliadoras. Son los que tripulan trenes que no desaceleran.



En este contexto, el enemigo es quién no se entrega, el orate que no entendió que la simulación es también una forma válida de hacer política y que los funcionarios podemos ser gerentes al servicio del poder y no del pueblo. El incorrecto que no acepta que hay cosas que pueden no cambiar, al menos hasta que estallen y todos tengamos que salir como bomberos para apagar las cenizas de nuestras enormes riquezas. Por supuesto cuando ya sea tarde.



El Instituto de Colonización está en condiciones de entregar a todos sus productores las correspondientes constancias para que puedan obtener sus permisos forestales en el marco de la ley. No es éste el obstáculo. Eso sí no las entregará ni a usurpadores, ni a apropiadores, ni a quienes hayan transitado la ilegalidad en cualquiera de sus formas. Si son muchos, o justamente los de voz más alta y gruesa, lo lamentamos. Es la ley.



Pero ocurre que la cuestión pasa por evitar éste paso, a fin de obviar el cumplimiento de las normas mencionadas. Es por eso que desde la Dirección de Bosques, violentando las normas y sin la autorización previa expresa del Instituto de Colonización, se están otorgando permisos forestales en tierras fiscales a personas ajenas a los predios, y en casos enjuiciadas por el estado por usurpación o transferencias irregulares e ilegales de los mismos. Todavía no han dado resultado nuestras advertencias, ni las intimaciones del Tribunal de Cuentas.



En consecuencia es absolutamente falso, tendencioso y temerario afirmar que nada se haya hecho en este organismo. Nuestra propuesta es concreta y será apreciada en instancias superiores. Contemplando la misma la actividad forestal, en el marco del interés general, la racionalidad, sustentabilidad, distribución equitativa de la riqueza, solidaridad social y preservación del medio ambiente. A ello estamos obligados.