Lunes, 18 Julio, 2011 - 20:20

Correo de nuestros lectores
Me defiendo de una infame operación política

La articulación de una intensa campaña política, instalada en diversos medios periodísticos de la Provincia, y en especial en mi domicilio, Quitilipi, por el sindicato Adoqui y Federación Sitech, me colocó en el centro de las críticas.

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Mediante un deleznable montaje escénico plagado de mentiras y tergiversadas afirmaciones respecto a mi desempeño funcional, a cargo de la Dirección Regional Educativa Polinivel, Región II (Quitilipi, Villa Berthet, Machagay, Pcia. De la Plaza, Las Garcitas, Colonia Elisa y Capitán Solari), con el evidente propósito de desplazarme del cargo. Lamentablemente, les fue bien.



Como he sido “condenada” sin ser oída, y ante la imperiosa necesidad de que la comunidad chaqueña, y en especial la de mi zona, Quitilipi, conozcan la verdad, aunque tarde para impedir aquella injusticia (donde he sido un chivo expiatorio), no es tarde para resguardar mi buen nombre y honor, el de mi familia e hijas, injustamente atacados y mancillados por la artera maniobra. La amplísima difusión de las mentiras, fuerzan también la respuesta en los medios donde se propagó la difamación.



Adoqui y Sitech afirman que se pagaron sueldos “por horas que no trabajan”, entre ellos al “empleado del organismo, Juan Romero, esposo de la Directora Regional”. En otras notas incluyeron a “una de mis hijas que no trabaja como profesora, porque es estudiante”. Y sobre ello montaron la campaña difamatoria. Por supuesto, los titulares de los medios exageraron, sin molestarse jamás, alguien, de averiguar e informar la verdad de los hechos.



Es absolutamente falso que se pagaran sueldos por horas no trabajadas.



Antes de explicar la realidad de los hechos, es necesario conocer cuáles son las atribuciones y funciones del Director Regional Polinivel, Región II (comprende la amplia zona del centro de la Provincia antes mencionada), y cómo lleva a cabo su gestión, incluyendo el manejo de los recursos humanos, en especial en cuanto a la ejecución de los numerosos “proyectos especiales”, “planes”, y “programas”, elaborados y direccionados por el Ministerio. En suma: el marco normativo o de legitimidad de mi actuación, y conocer la intensidad, extensión, o volumen de la tarea a su cargo.



La legitimidad de mi actuación surge de los artículos. 303, 304 al 307 del Estatuto del Docente (ley 5125). De esas normas surgen las atribuciones que posee el Director Regional, con la finalidad de llevar adelante, en su zona, los “planes y programas que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología proyecte en el marco de la política educativa…”, para lo cual la reglamentación prevé claramente la utilización de personal en función de su “competencia” y en calidad de “transitorio en cargos u horas cátedras” (Reglamento).



He sido designada Directora Regional Polinivel, por Resolución Nro. 027 del 13 de diciembre de 2007. A lo largo de más de tres años, he desarrollado una intensa y agotadora actividad al frente de esa Dirección Regional, ejecutando una enorme y variada cantidad de programas y planes, ordenados por el Ministerio, a total satisfacción tanto de las autoridades como de los destinatarios: jamás, en todo ese tiempo, existió la menor queja o crítica al respecto.



A ese fin, en ese lapso, convoqué a trabajar a numerosos agentes con funciones no docentes y docentes, del Ministerio, y en otros casos, con especialidades prácticas o técnicas especiales, sin mayores exigencias (por su transitoriedad) a idóneos. El Ministerio respaldó y ratificó, siempre, mi actuación. Esto es, respecto al manejo de los recursos humanos, y contratos, utilizando horas cátedras para la mayor dedicación, en razón de las necesidades del servicio.



Este respaldo, y ratificación, se expresó claramente por el pago normal de las retribuciones correspondientes, mes a mes, o por períodos, mediando también los controles de legalidad y contables de rigor. De no ser así, toda mi conducción y manejo de estos recursos humanos debieron ser rechazados u observados. No fue así.



De esta manera, queda claro a la opinión pública, que mi actuación ha sido siempre en el marco de la ley, y con el total respaldo y ratificación del Ministerio.



En ese contexto, dada la intensidad y extensión de las funciones (este año se extendió a mas de 15 Proyectos Especiales en “cargos u horas cátedras”), donde muchas veces es preciso contar con personal de confianza (habitual en funciones de gestión), tomé dos decisiones (cuestionadas), que involucran a mis familiares. Mi esposo, el Sr. Juan Romero, es personal contratado de servicios del Ministerio, con funciones administrativas en la Dirección Regional. La necesidad de contar con su directa colaboración a cualquier hora, como chofer, para las mas diversas tareas de traslado de mercaderías a comedores, documentaciones, administrativas, etc., difícil de obtener de otra persona, hizo que le asignara “horas cátedra” adicional a tal fin: como a tantos otros agentes… no fue un beneficio exclusivo ni de excepción… Y Romero cumplió tales funciones: en toda la zona lo vieron trabajar, conduciendo el vehículo con traslados y de chofer…



Por lo tanto, es absolutamente falso, como han dicho, que el Sr. Juan Romero percibe haberes como docente “sin cumplir esas funciones”, con total malicia…!! Porque bien saben esos dirigentes, que el pago de “horas cátedras” para retribuir otro tipo de tareas, es legítimo, porque el Estatuto y su Reglamento lo permiten (art. 305), y es una herramienta de gestión habitual. El propio Ministerio lo utiliza siempre… Jamás nadie, ni el Tribunal de Cuentas, cuestionó… Jamás se dejó de pagar tales afectaciones (dada su legitimidad).



Me han colocado en la picota pública, en base a una acusación mendaz y aviesa. Impulsada por ruines y mezquinas ambiciones políticas.



Otro tanto ocurre con relación a la mención de mi hija Lucila Verónica en la campaña descalificatoria, por haberla incluido en el Proyecto Especial “Escuela de Verano”, y “Curso de Computación”, donde se designaron docentes y estudiantes avanzados, idóneos en ciertas artes, para realizar tareas técnicas y pedagógicas en lenguas, matemáticas, práctica deportiva, talleres, etc., que incluía docentes y no docentes. Allí, su inclusión significó una decisión personal (como madre) para una hija nacida con problemas físicos, con una niñez y adolescencia agobiada por actos discriminatorios. Que se extendieron hasta para poder cumplir con esta tarea, por la incomprensión de quien sería su jefe: lo que finalmente hizo que ella renunciara a todo, y devolviera al Ministerio los importes que se le habían liquidado.



Finalmente, esas sumas que odiosamente presentan como aproximados a $ 5.000, tanto de Romero como de mi hija (que no cobró), no corresponde a un mes de retribución sino a un periodo de más de dos meses. Importes que cobraron otras seis personas afectadas a la tarea en el área de Liquidaciones (vg. Sr. Fortini, Pedro José- Sr. Pierdominici, Fernando Iván- Sr. Mendoza, Polonio- Sr. Lupo, Juan Matin- Srta. Morales, Gabriela Noemí y Sra. Martina, Mariela ). Que percibieron el plus por la mayor dedicación, y por medio del pago de “horas cátedras”, sin ejercer la docencia…, porque, como dije, ello es legítimo y necesario; está legalmente autorizado. También se incluyó a otros agentes, docentes, afectados a la mayor tarea. Siempre he actuado en el marco de la ley…



En mi poder obran gran cantidad de antecedentes demostrativos de lo que afirmo. No puedo aquí extenderme en mayores detalles, por el espacio. Lo haré en las instancias administrativas y judiciales que correspondan.



Sin embargo, las explicaciones que aquí suministro, son suficientes para demostrar la falsedad y la malicia que han impulsado esa campaña que tanto daño me ha causado. Injustificado ensañamiento, en aras de mezquinos intereses políticos.



Mi impecable trayectoria docente de 28 años, de ninguna manera puede empañarse por esta inicua acusación.





(*) Licenciada en Gestión Educativa