Lunes, 18 Julio, 2011 - 09:33

Tras el pacto por el Defensor del Pueblo
¿Acordarán la UCR y el PJ elevar el número de jueces del STJ?

La designación de los integrantes del Instituto del Defensor del Pueblo confirmó nuestras peores sospechas al quedar expuesto el evidente pacto de radicales y justicialistas tendiente a asegurarse un representante para cada sector partidario.

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Esto lo han hecho obviando la realización de procedimientos previos reglados que hubieran garantizado la transparencia del mecanismo de selección de postulantes , tal como lo exige nuestra Constitución Provincial.



Propusimos en ocasión del tratamiento de lo que luego sería la ley 6818, modificatoria de la ley 4190. un despacho alternativo al de los bloques mayoritarios que regulara el Instituto del Defensor del Pueblo en los marcos del texto constitucional; no fuimos escuchados. Denunciamos el pacto que se venía y fiel a nuestro compromiso de no legitimar componendas a espaldas de la sociedad no concurrimos a la sesión convalidatoria de una nueva violación a nuestra Constitución Provincial que tuvo lugar el 14/07/2011.



Esta nueva transacción política PJ-UCR afecta enormemente la credibilidad social del organismo creado, puesto que se atacan los atributos de independencia e imparcialidad de una entidad llamada a defender los derechos de los ciudadanos pero también a controlar el cumplimiento de las normas por parte de los funcionarios del Estado.



Pero lo peor probablemente no haya empezado aún. Es harto evidente e indisimulable la decisión del gobierno de Capitanich de archivar en el arcón de los recuerdos la promocionada acción de inconstitucionalidad contra la permanencia de jueces del Superior Tribunal de Justicia que accedieron a sus cargos sin concursos de antecedentes y oposición, emparentados en su mayoría con el rozismo. Fue el propio gobernador con su puño y letra quien firmó el Decreto 2377 del 30/11/2010 revocando la designación del Dr. Aguirre Hayes como Fiscal subrogante , designando en su reemplazo al Fiscal de Estado Osvaldo Simoni y dando así marcha atrás a la primigenia intención de solicitar la declaración de nulidad y/o inconstitucionalidad de la normativa que posibilitaran los nombramientos de los jueces del STJ Franco, Abalos y Toledo. Que algún sector político o social quiera “despegar” a Capitanich de estas nefastas decisiones cargando las tintas contra funcionarios de menor rango de su gobierno, o es ingenuo, o miope o simplemente pretende acomodar las cosas a su conveniencia.



Seguramente en agosto apuraran desde el gobierno (“consensuando” con la UCR) la sanción del nuevo mecanismo de selección de magistrados ; querrán hacernos creer que siguen “mejorando” la calidad institucional , cuando lo que estarán haciendo en realidad es preparar el terreno para un nuevo y por ahora inconfesable futuro “Pacto de Olivos a la chaqueña” : el de aumentar a nueve el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia que hoy está en cinco, de modo de “equilibrar” (en el peor sentido bipartidario de la palabra) la actual mayoría aliancista del Tribunal con el ingreso de cuatro nuevos representantes “permeables” al oficialismo gobernante. El despropósito ya lo hizo Menem en los ’90, y requiere una simple modificación a la ley vigente actual. Pero luego de lo que hemos visto respecto a la designación del Defensor del Pueblo las certezas le vienen ganando la batalla a las peores sospechas.



(*) Diputado provincial del Movimiento Libres del Sur.