Domingo, 10 Julio, 2011 - 09:47

Radicalizar el populismo

Si Cristina lograra su reelección... Si tras esa victoria su gobierno emprendiera la “profundización del modelo”... Si eso significara “radicalizar el populismo”, que como explicó el viceministro Roberto Feletti, requeriría “apropiarse de factores de renta importante” para que el modelo sea sustentable, “regular la renta exportadora”, y eliminar “la apropiación indebida de excedentes rápidos”...

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Entonces, lo anterior debería conducir a que la Presidenta redefina las reglas de juego para la actividad minera, un sector que desde antes del kirchnerismo, pero fundamentalmente a lo largo de toda su gestión, ha venido obteniendo altísimos niveles de rentabilidad exportadora y una acelerada recuperación de su inversión.



El ejemplo de Minera Alumbrera es contundente. Se trata de una de las empresas de mayor facturación del país, que opera desde 1997 y es propiedad de las multinacionales Xstrata (50 por ciento) de Suiza y de las canadienses Gold Corp (37,5) y Yamana Gold (12,5). Todos los siguientes datos surgen del Informe de Sostenibilidad 2010 que la firma difundió la semana pasada.



La compañía facturó el año pasado 6.390 millones de pesos por la exportación del cobre y el oro que extrae del yacimiento Bajo la Alumbrera ubicado en el noroeste de Catamarca. Sus ingresos aumentaron algo más del 27 por ciento respecto de 2009, básicamente debido a la suba de los precios internacionales, que acumulan un alza de más del 100 por ciento respecto de cinco años atrás.



El resultado de explotación, entendido como las ganancias obtenidas antes del pago de impuestos e intereses, ascendió a 2.796 millones de pesos, lo que equivale a casi el 44 por ciento de sus ingresos. El informe no da cuenta de que la empresa tenga deuda, y por lo tanto no figuran intereses. Sí consta que pagaron 905 millones de pesos de impuesto a las Ganancias. Es decir que si efectivamente no hubiera intereses ni algún otro gasto extraordinario, la utilidad neta del negocio rondaría los 1.900 millones de pesos.



Pero eso no sería toda ganancia de los socios extranjeros. Según el acuerdo constitutivo para la explotación del yacimiento, el 20 por ciento de las utilidades le corresponde a la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad conformada por la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado nacional. El informe indica que YMAD recibió el año pasado 675 millones de pesos.



O sea que la ganancia neta para los accionistas extranjeros de Minera Alumbrera habría sido de unos 1.200 millones de pesos. Eso representa cerca del 20 por ciento de la facturación, lo que sin duda es una proporción altísima. Traducido a dólares son alrededor de 300 millones, que equivalen al 23 por ciento de la inversión que realizaron para poner en marcha el proyecto. ¡En un solo año, obtuvieron de ganancia casi una cuarta parte de la inversión inicial!



Sabiendo que la minería en general, y ese yacimiento en particular, es objeto de críticas por su abultada rentabilidad y su escasa generación de valor agregado en el país, el informe contiene a modo de respuesta dos cuadros engañosos. Uno de ellos se titula “Aportes de Minera Alumbrera a la economía argentina en 2010”, donde suma el pago de Ganancias (905 millones), las utilidades para YMAD (675 millones), las compras de bienes y servicios nacionales (1.220 millones), las regalías mineras que le corresponden a la provincia (140 millones), los salarios (160 millones), los derechos de exportación (656 millones), y otros rubros menores, hasta llegar a la cifra de 3.916 millones de pesos.



De ninguna manera esa suma relativiza la enorme ganancia neta que se llevan, ni demuestra que haya un considerable aporte de valor agregado. Por el contrario, sobresale por lo exiguo el monto de 160 millones de pesos que reciben los 1.397 empleados directos de la firma. Son poquísimas las empresas cuyos trabajadores generen en promedio más de 4 millones de pesos cada uno, y aproximadamente 1 millón de pesos de ganancia neta.



En un segundo cuadro se detalla la “Distribución de los ingresos fiscales directos aportados por el proyecto en 2010”, donde incluyen las ganancias para YMAD (675 millones), el pago de Ganancias (905 millones), las regalías (140 millones), las retenciones a la exportación (658 millones) y otros impuestos, que totalizan 2.500 millones de pesos. Si bien esta última cifra se arrima al resultado de explotación, lo cierto es que tanto las regalías como los derechos de exportación forman parte del costo. En otras palabras, pagando esas regalías y esos derechos de exportación, el negocio sigue siendo muy rentable.



De lo que se deduce que la utilidad es muy elevada precisamente porque la regalía y los derechos de exportación son muy bajos.



En efecto, las regalías representan nada más que el 2,2 por ciento de la facturación; o sea aún menos que el ya pequeño 3 por ciento establecido como tope por la superconcesiva Ley de Inversiones Mineras del menemismo. Y los derechos de exportación equivalen al 10 por ciento de lo exportado; es decir, una proporción que no llega a un tercio de las retenciones a la soja.



Para radicalizar el populismo apropiándose de este factor de renta importante, el eventual próximo gobierno de Cristina podría impulsar su propio proyecto, o recurrir a algunos de los que ya han sido presentados en el Congreso. Hay uno elaborado por la senadora radical mendocina Laura Montero que propone eliminar el tope a las regalías. Otro impulsado por el senador sanjuanino Roberto Basualdo que plantea una regalía del 5 por ciento sobre lo facturado (y no sobre el inferior valor en boca de mina). E incluso hay un tercero del senador sanjuanino César Gioja (siempre entreverado con los negocios de la Barrick Gold) que formula un esquema de retenciones móviles.



Si algo de lo anterior ocurriera, el lobby minero arremetería con que se estaría violando la seguridad jurídica, vulnerando la estabilidad fiscal que impera por ley, y transgrediendo las más elementales normas de la institucionalidad.



Ni más ni menos que los cambios en las regalías mineras que se están discutiendo o ya rigen en Brasil, Chile, Perú y Australia, entre otros países.



Fuente: VEINTITRES.