Jueves, 7 Julio, 2011 - 18:39

El Consejo de Abogados denuncia "obstaculización en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura"

El Consejo Profesional de Abogados manifestó su preocupación “por la obstaculización que últimamente se viene operando en el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura” en relación a la designación del juez del Menor de Edad de Castelli y responsabilizaron a los consejeros representantes del oficialismo y abogados del interior.

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“Se trata de una concreta y evidente intención de frustrar la decisión que imperativamente debe adoptar el Consejo de la Magistratura para seleccionar al postulante destinado a cubrir el cargo que se encuentra desde hace tiempo vacante en la localidad de J.J. Castelli, no obstante el esfuerzo que en tal sentido se viene realizando desde la Presidencia del Cuerpo”, señalaron desde el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Resistencia”.



“Resulta evidente que existe una inocultable voluntad para impedir el tratamiento y la selección final de la persona que pueda cubrir este cargo, en tanto que se han producido y han concluido definitivamente todas las instancias previas que componen el concurso público de antecedentes y oposición conforme lo ordena la Constitución de la Provincia del Chaco y demás normas reglamentarias que rigen al respecto. Se encuentran resueltas también, las impugnaciones que se han presentado respecto de la única postulante, por lo que sólo resta que el Consejo de la Magistratura logre el quórum necesario que le permita tratar, considerar y resolver acerca de su designación para ocupar esta función judicial”, precisaron.



“Por el contrario, se produce actualmente la imposibilidad de que el Consejo defina esta vacante, como consecuencia de la actuación de los representantes consejeros a los que se viene haciendo referencia que, o bien no concurren a los sesiones o bien se retiran de las mismas al momento en que debe ser considerada la cobertura del aludido cargo judicial vacante en la localidad de Castelli. De ello se deduce la manifiesta voluntad que se denuncia como frustratoria del cumplimiento de las competencias constitucionales que se encuentran a cargo del Consejo de la Magistratura, en cuanto que resulta tangible la intención de evitar que se considere el tratamiento y correspondiente votación acerca de la única candidata que ha surgido del correspondiente concurso público de antecedentes y oposición que ya ha concluido respecto de dicho cargo”.



Y consideraron que “la situación que se plantea es de gravedad institucional, en la medida en que la acción deliberada de los Consejeros mencionados, impide el funcionamiento adecuado, necesario y oportuno del Consejo de la Magistratura para la designación de los cargos y, especialmente, el de Castelli. Es decir que la acción de un sector impide la integración total de un Poder del Estado Provincial generando una interferencia negativa y denostable que violenta el principio republicano y constitucional de la división de poderes, poniendo en riesgo el funcionamiento adecuado de la administración de justicia y afectando nocivamente la independencia del Poder Judicial. Se produce además una perniciosa afectación al funcionamiento del servicio de justicia, impidiendo la conformación de un organismo judicial que priva a su vez a los justiciables de las garantías del juez natural y de la tutela judicial efectiva. Son en definitiva los justiciables chaqueños los que resultan principalmente perjudicados por la imposibilidad del Consejo de la Magistratura de adoptar una definición en este tema, lo cual es provocado como se dijera, por la actuación de los representantes del oficialismo provincial y del Consejero representante de los abogados del interior”.





Finalmente, concluyeron que “a fin de posibilitar el acceso a la justicia de todos los chaqueños, garantizando la tutela judicial efectiva que integra el catálogo de los Derechos Humanos reconocidos universalmente, instamos a tales representantes a desistir de estas acciones que son nocivas para el equilibrado y efectivo funcionamiento de las instituciones constitucionales, republicanas y democráticas, debiendo asegurarse el funcionamiento de los mecanismos deliberativos que son los únicos que legitiman las decisiones adoptadas por las autoridades públicas en el marco de un Estado constitucional de Derecho”.