Lunes, 4 Julio, 2011 - 14:12

Para el Gobierno, el caso de las bolsas "Aguilar 2011" no viola la Ley de Ética Pública

El Poder Ejecutivo rechazó una resolución que consideraba violatoria de la mencionada legislación, el caso de las bolsas de supermercado con la leyenda “Aguilar 2011”. Aseguraron que la acusación realizada es subjetiva, y aclararon que la acción se realizó con fondos de la empresa dueña del supermercado.

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Mediante el decreto 1201/11, el Poder Ejecutivo rechazó por improcedente la una resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sobre presunta violación de la Ley de Etica Pública por parte del ministro Eduardo Aguilar en el caso de las bolsas de un supermercado.



Se trata de la resolución 1579, del fiscal Héctor Miró, en relación a la impresión de la leyenda “Eduardo Aguilar 2011” en las bolsas del Supermecado Ecónomo, a comienzos de este año.



El rechazo del Ejecutivo al dictamen de la FIA se basa en que la acusación del fiscal es altamente subjetiva e interesada, ya que no responde a circunstancias objetivas ni se encuadra dentro de una norma específica de la Ley de Ética Pública.



Además, se destaca la ausencia de utilización de fondos públicos en la confección de las bolsas, las que fueron hechas a pedido de los responsables del comercio y pagadas con fondos propios de la empresa, lo que es suficiente para desestimar cualquier denuncia.



Las contrataciones al supermercado que desde el Estado se han por los organismos de control interno y externo de la administración provincial y no han sido cuestionadas por otros proveedores.



Menos aún se ha determinado un obrar ilegítimo del ministro en hecho alguno vinculado no sólo a las contrataciones citadas (ajenas al referido Ministerio) sino también a la contratación de la confección de las bolsas cuestionadas.



El Ejecutivo también argumentó que el Ministerio de Economía, Industria y Empleo no interviene en la elección de los proveedores que abastecen a otras áreas del Estado y solo autoriza partidas presupuestarias, con anterioridad al inicio de los procedimientos licitatorios o de contratación y –al finalizar el proceso- se ordena el pago de las compras y adquisiciones por la Tesorería General.



El decreto indica que la Resolución del fiscal no sólo soslaya la prueba acabada de la falta de utilización de fondos públicos, sino que se pone en tela de juicio el actuar privado de las personas (directivos del supermercado), afectando la garantía constitucional del Artículo 19 de la Constitución Nacional.



Por último, se objeta que la acusación obedece a una determinación subjetiva y antojadiza, desde que ninguna de las conductas que se imputan al Ministro en función de una “conducta reñida” con la Ley de Ética Pública son encuadrables dentro de la normativa que se cita en la resolución.